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Por una fiscalidad justa
Las entidades sociales reclaman un nuevo sistema fiscal para combatir la pobreza y las desigualdades
La plataforma unitaria Pobreza Cero -que agrupa más de 4.200 entidades sociales, de paz, derechos humanos y cooperación de Cataluña, así como sindicatos, colegios profesionales y otros organizaciones- puso el viernes ante la Agencia Tributaria de Barcelona la primera piedra de un nuevo sistema fiscal justo y progresivo para permitir permita sostener el Estado del bienestar que queremos, e instó a los poderes públicos a contribuir para dar CUMPLIMIENTO a la Constitución Española y al Estatuto de Cataluña. Ambas normas establecen que los poderes públicos son los responsables de combatir todos los obstáculos para que la libertad y la igualdad de todos y todas sean reales y efectivas.
El Manifiesto ‘Una fiscalidad injusta nos empobrece’, que hicieron público, denuncia que “la gestión de la crisis ha agravado las desigualdades y ha reducido las oportunidades de los más débiles, ya que buscar el equilibrio presupuestario a través de la disminución de la gasto, en lugar de en el incremento de los ingresos, significa supeditar los derechos y el bienestar de la población a los intereses de los mercados y del capital “. Hoy, casi la mitad de la riqueza está en manos del 1% de la población mundial. España es el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis y el peso de la recaudación recae sobre las personas físicas, en especial las trabajadoras. La reforma fiscal es urgente, pero la que tramita el Gobierno español “va en sentido contrario a lo que necesitamos: beneficiará a las rentas más altas y reducirá la recaudación en 6.000 millones de euros”.
Además, las entidades advierten de que “el costo de no invertir en políticas sociales es muy superior a medio y largo plazo” y apuntan a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal -que rondan los 60.000 millones de euros anuales en el Estado español- como una de las claves para aumentar la capacidad recaudatoria. Actualmente, el 72% de la recaudación lo aportan las personas físicas, el 94% de las empresas del IBEX 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales y se calcula que el 72% de los impuestos no pagados corresponde a grandes fortunas y empresas. Mientras tanto, los rescates bancarios y la privatización de los servicios públicos transfieren recursos públicos a manos privadas.
El Manifiesto recuerda “las nefastas consecuencias de las políticas de austeridad: empobrecimiento progresivo, incremento de las desigualdades, estancamiento económico, pérdida de derechos sociales y laborales…” y alerta de que no garantizar la igualdad de oportunidades significa perpetuar el círculo de la pobreza, “por lo que hipotecamos el presente y el futuro de nuestros niños y, por extensión, el de todos nosotros”.
Representantes de Pobreza Cero se han reunido en los últimos días con los grupos parlamentarios catalanes y con el Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat para trasladar sus demandas y propuestas, recogidas en el Documento Marco de la campaña. El argumentario reivindica el valor social de los impuestos y los recursos públicos como “condición necesaria para garantizar los derechos humanos”, tal como reconocen las Naciones Unidas. Las propuestas son de carácter local, autonómico, estatal e internacional. Los grupos parlamentarios se han comprometido a dar respuesta en el plazo de un mes, especificando cuáles de las propuestas darán continuidad y seguimiento, y el Departamento de Economía se ha mostrado dialogante y dispuesto a hacer efectivas algunas de medidas propuestas.
